Su marido golpeador se suicidó sin haber recibido un castigo
VIOLENCIA DE GÉNERO
Luis Mamaní atormentó impunemente a su esposa hasta su último día de vida. Brígida Condorí también se siente víctima de la Justicia. “Nadie hacía nada para ayudarme”, aseguró la mujer.
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“Si tengo que morir en manos de él, moriré, porque la Justicia no hizo nada para ayudarme”, pensó para sí misma Brígida Condorí (según dijo) en la tarde del 6 de enero mientras cabalgaba por el cerro, en la zona de Potrero, departamento de Trancas. Minutos después, su marido volvería a golpearla salvajemente. También agrediría a su hijo, para luego quitarse la vida ahorcándose.
A sus 54 años, Condorí ya estaba tan acostumbrada a los ataques violentos de su esposo como resignada a que nadie la auxiliaría. Pero jamás imaginó la tragedia que se desataría esa tarde. Luis Mamaní, su marido, ya tenía una prohibición de acercamiento pero volvió a violarla. “Íbamos a caballo con mi hijo Mario cuando lo vi (a Mamaní) detrás de un monte grande; se me estremeció el cuerpo. Vino corriendo y me dijo: ‘así te quería agarrar’ y me dio un garrotazo. Yo puse la mano para cubrirme la cabeza y me quebró el brazo con un palo. Después se acercó Mario y a él también le metió un garrotazo”, relató.
Con la mirada triste y el brazo izquierdo cubierto por un yeso, Condorí siguió contando que su hijo y su esposo se trenzaron en lucha. Entonces ella tomó el mismo palo que había traído Mamaní y descargó su furia contra él. “Agarramos los lazos de los caballos y con mi hijo le atamos las manos a dos árboles, como crucificado. Lo dejé ahí y me fui a buscar a la Policía”, recordó. Momentos más tarde, cuando llegó a la comisaría de Choromoro, recibió el llamado de otro de sus hijos que le comunicaba el trágico desenlace: Mamaní había logrado desatarse y luego se colgó en un árbol.
Según dijo la mujer, la Policía tardó 24 horas en ir a buscar el cuerpo. Todo ese tiempo estuvieron sus hijos custodiando el cadáver de su padre. “Él nunca cumplió la prohibición de acercamiento; cuando quería iba a la casa. Mis hijos y yo no podíamos dormir porque teníamos terror. Si la Justicia hubiera funcionado bien, esto no habría pasado y ahora no sería víctima de la familia de él”, lamentó.
Una vida violenta
La violencia no llegó a la vida de la mujer ese 6 de enero sino hace más de 30 años, cuando comenzó a convivir con Mamaní. “Toda la vida ha sido un calvario. Él era borracho y violento. Les pegaba a los chicos, yo intervenía y me pegaba a mí también”, resumió. Sin embargo, la primera vez que se atrevió a denunciarlo fue en abril de 2015 cuando el hombre la apuñaló en la cadera. “Esa noche tenía miedo de que agarre el rifle y nos mate a todos”, recordó, con terror.
Uno de sus hijos la llevó al hospital y puso una denuncia en la comisaría. Cuando Condorí recibió el alta médica, se fue directo a Tribunales. “Fui a la Fiscalía VIII° (dirigida por Adriana Giannoni) y de ahí me mandaron a la OVD (Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia). Ahí tuve una entrevista y me dijeron que vuelva a la Fiscalía a pedir la medida. Volví y nada. Al día siguiente me dieron la exclusión del hogar y prohibición de acercamiento, pero eso nunca me sirvió de nada porque él estaba libre y hacía lo que quería. Ahí empecé a ser víctima de la Justicia también porque nadie hacía nada”, expresó.
A la Corte
A partir de entonces, no hubo orden que Mamaní acatara. “El 30 de diciembre de 2015 fue a la casa porque sabía que empezaba la feria judicial, dijo que las cosas iban a ser como antes y que íbamos a hacer lo que él dijera. Todos los días discutíamos, mis hijos tenían que estar cuidándome. Un día me escapé para poner la denuncia, pero ya estaba cansada porque nadie hacía nada”, insistió Condorí.
Su abogada, Dolores Remis, explicó que en ese momento intercedió un juez de Familia (Orlando Stoyanoff) porque Mamaní quería quedarse con los animales que criaban. “El juez ordenó a todas las comisarías que se notifiquen de la prohibición de acercamiento para que intervengan, pero en ninguna comisaría le recibían la denuncia a ella”, indicó la letrada.
“Cuando le reclamé a Giannoni que el expediente estaba dormido, respondió que ella era incompetente porque el hecho había ocurrido fuera de su turno y que además la señora (Condorí) ya tenía una medida, por lo que no era necesario dictar otra”, agregó Remis. Según explicó, después la causa pasó por las fiscalías II° (subrogada por Giannoni), X° (subrogada por María del Carmen Reuter) y IX° (subrogada por Adriana Reinoso Cuello). Tampoco hubo respuestas.
“Hicimos ante el ministro fiscal, Edmundo Jiménez, la primera denuncia por violencia institucional de Tucumán. Reclamamos que Giannoni, Reuter y Reinoso Cuello habían violado los Derechos Humanos y las convenciones que protegen a la mujer”, explicó la abogada. Una semana después -agregó- se archivó la causa.
Giannoni, por su parte, aclaró que el caso que entendió en su fiscalía fue elevado a juicio el 16 de abril de 2015 y aseguró que, antes de que se concretara ese paso, se tomaron todas las medidas que indica la ley en tiempo y forma. Además, comentó que en un de las denuncias que recibió se declaró incompetente porque el hecho no se había producido durante su turno. Lo mismo ocurrió con las fiscalas Reinoso Cuello y Reuter. “Si no lo hacían, cometerían una irregularidad y hasta podría ser anulada la investigación”, confirmó una fuente de tribunales.
Sin solución
El paso siguiente fue acudir al titular de la Corte, Antonio Gandur. “Denunciamos a los cuatro funcionarios (Giannoni, Reuter, Reinoso Cuello y Jiménez). Después se fue Reinoso Cuello y la causa quedó en manos de Washington Navarro Dávila, quien le dio a la Policía un plazo de 48 horas para detengan a Mamaní. Lo detienen, pero justo empieza la feria judicial, entonces intervino Arnoldo Suasnábar, que le dio la libertad”, relató Remis. La abogada destacó el dato que más enojo le generó: “el domicilio que le fijaron en el expediente para darle la libertad es el domicilio del que había sido excluido. Es desgastante, ya no sabés qué más esperar”.
Entonces la rueda volvió a girar: Condorí regresó a la comisaría para denunciar que su marido estaba en la casa. Otra vez no lo detuvieron. Su abogada presentó un recurso extraordinario ante la Corte de la Nación para informar esta situación. Tampoco hubo soluciones. Mamaní atacó de nuevo a su esposa y todo terminó con la muerte del hombre, que jamás recibió el peso de la Justicia.
A sus 54 años, Condorí ya estaba tan acostumbrada a los ataques violentos de su esposo como resignada a que nadie la auxiliaría. Pero jamás imaginó la tragedia que se desataría esa tarde. Luis Mamaní, su marido, ya tenía una prohibición de acercamiento pero volvió a violarla. “Íbamos a caballo con mi hijo Mario cuando lo vi (a Mamaní) detrás de un monte grande; se me estremeció el cuerpo. Vino corriendo y me dijo: ‘así te quería agarrar’ y me dio un garrotazo. Yo puse la mano para cubrirme la cabeza y me quebró el brazo con un palo. Después se acercó Mario y a él también le metió un garrotazo”, relató.
Con la mirada triste y el brazo izquierdo cubierto por un yeso, Condorí siguió contando que su hijo y su esposo se trenzaron en lucha. Entonces ella tomó el mismo palo que había traído Mamaní y descargó su furia contra él. “Agarramos los lazos de los caballos y con mi hijo le atamos las manos a dos árboles, como crucificado. Lo dejé ahí y me fui a buscar a la Policía”, recordó. Momentos más tarde, cuando llegó a la comisaría de Choromoro, recibió el llamado de otro de sus hijos que le comunicaba el trágico desenlace: Mamaní había logrado desatarse y luego se colgó en un árbol.
Según dijo la mujer, la Policía tardó 24 horas en ir a buscar el cuerpo. Todo ese tiempo estuvieron sus hijos custodiando el cadáver de su padre. “Él nunca cumplió la prohibición de acercamiento; cuando quería iba a la casa. Mis hijos y yo no podíamos dormir porque teníamos terror. Si la Justicia hubiera funcionado bien, esto no habría pasado y ahora no sería víctima de la familia de él”, lamentó.
Una vida violenta
La violencia no llegó a la vida de la mujer ese 6 de enero sino hace más de 30 años, cuando comenzó a convivir con Mamaní. “Toda la vida ha sido un calvario. Él era borracho y violento. Les pegaba a los chicos, yo intervenía y me pegaba a mí también”, resumió. Sin embargo, la primera vez que se atrevió a denunciarlo fue en abril de 2015 cuando el hombre la apuñaló en la cadera. “Esa noche tenía miedo de que agarre el rifle y nos mate a todos”, recordó, con terror.
Uno de sus hijos la llevó al hospital y puso una denuncia en la comisaría. Cuando Condorí recibió el alta médica, se fue directo a Tribunales. “Fui a la Fiscalía VIII° (dirigida por Adriana Giannoni) y de ahí me mandaron a la OVD (Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia). Ahí tuve una entrevista y me dijeron que vuelva a la Fiscalía a pedir la medida. Volví y nada. Al día siguiente me dieron la exclusión del hogar y prohibición de acercamiento, pero eso nunca me sirvió de nada porque él estaba libre y hacía lo que quería. Ahí empecé a ser víctima de la Justicia también porque nadie hacía nada”, expresó.
A la Corte
A partir de entonces, no hubo orden que Mamaní acatara. “El 30 de diciembre de 2015 fue a la casa porque sabía que empezaba la feria judicial, dijo que las cosas iban a ser como antes y que íbamos a hacer lo que él dijera. Todos los días discutíamos, mis hijos tenían que estar cuidándome. Un día me escapé para poner la denuncia, pero ya estaba cansada porque nadie hacía nada”, insistió Condorí.
Su abogada, Dolores Remis, explicó que en ese momento intercedió un juez de Familia (Orlando Stoyanoff) porque Mamaní quería quedarse con los animales que criaban. “El juez ordenó a todas las comisarías que se notifiquen de la prohibición de acercamiento para que intervengan, pero en ninguna comisaría le recibían la denuncia a ella”, indicó la letrada.
“Cuando le reclamé a Giannoni que el expediente estaba dormido, respondió que ella era incompetente porque el hecho había ocurrido fuera de su turno y que además la señora (Condorí) ya tenía una medida, por lo que no era necesario dictar otra”, agregó Remis. Según explicó, después la causa pasó por las fiscalías II° (subrogada por Giannoni), X° (subrogada por María del Carmen Reuter) y IX° (subrogada por Adriana Reinoso Cuello). Tampoco hubo respuestas.
“Hicimos ante el ministro fiscal, Edmundo Jiménez, la primera denuncia por violencia institucional de Tucumán. Reclamamos que Giannoni, Reuter y Reinoso Cuello habían violado los Derechos Humanos y las convenciones que protegen a la mujer”, explicó la abogada. Una semana después -agregó- se archivó la causa.
Giannoni, por su parte, aclaró que el caso que entendió en su fiscalía fue elevado a juicio el 16 de abril de 2015 y aseguró que, antes de que se concretara ese paso, se tomaron todas las medidas que indica la ley en tiempo y forma. Además, comentó que en un de las denuncias que recibió se declaró incompetente porque el hecho no se había producido durante su turno. Lo mismo ocurrió con las fiscalas Reinoso Cuello y Reuter. “Si no lo hacían, cometerían una irregularidad y hasta podría ser anulada la investigación”, confirmó una fuente de tribunales.
Sin solución
El paso siguiente fue acudir al titular de la Corte, Antonio Gandur. “Denunciamos a los cuatro funcionarios (Giannoni, Reuter, Reinoso Cuello y Jiménez). Después se fue Reinoso Cuello y la causa quedó en manos de Washington Navarro Dávila, quien le dio a la Policía un plazo de 48 horas para detengan a Mamaní. Lo detienen, pero justo empieza la feria judicial, entonces intervino Arnoldo Suasnábar, que le dio la libertad”, relató Remis. La abogada destacó el dato que más enojo le generó: “el domicilio que le fijaron en el expediente para darle la libertad es el domicilio del que había sido excluido. Es desgastante, ya no sabés qué más esperar”.
Entonces la rueda volvió a girar: Condorí regresó a la comisaría para denunciar que su marido estaba en la casa. Otra vez no lo detuvieron. Su abogada presentó un recurso extraordinario ante la Corte de la Nación para informar esta situación. Tampoco hubo soluciones. Mamaní atacó de nuevo a su esposa y todo terminó con la muerte del hombre, que jamás recibió el peso de la Justicia.
“Las víctimas de violencia de género tienen derecho al acceso a la Justicia más ágil y efectiva. Acá hay cuatro funcionarios responsables y un presidente de la Corte Suprema de Justicia que mira para el costado porque no quiere empezar a ver lo que pasa con la violencia. Antonio Gandur nunca quiso investigar, le pedimos la auditoría del expediente y no lo ordenó”, se quejó la abogada Dolores Remis.
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