Familiares de víctimas que ayudan a familiares de víctimas
Solidaridad después de la tragedia.Formaron un consejo asesor para brindar asistencia. “Nosotros transformamos el dolor en acción”, cuentan.
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No tienen banderas políticas y trabajan ad honorem. Hasta ponen plata de sus bolsillos para solventar gastos de traslados y para salir a dar charlas. Son familiares de víctimas de delitos que han sufrido desgracias atroces, como la muerte violenta de un hijo, de un hermano o de una esposa. Sin embargo, lejos de bajar los brazos, se dedican a ayudar a otras personas que atraviesan tragedias similares.
Son los integrantes del Consejo Asesor del Centro de Protección de los Derechos de la Víctima (CPV). Clarín se reunió con ellos en una oficina de la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en el barrio porteño de Congreso, adonde el Ministerio de Justicia bonaerense les presta un espacio para sus reuniones, sus charlas y cursos. Desde allí dan un mensaje de solidaridad y amor.
El Consejo fue fundado por la psicóloga social Ramona Ruiz Díaz, madre de Leandro Bazán (12), víctima de un caso de “gatillo fácil”; por el empresario Roberto Almeida, esposo de Ana María Domínguez, asesinada por su ex en Luján el 10 de abril de 2000; y por el abogado Walter Miralles, padre de Santiago Tomás (6), secuestrado y asesinado el 13 de julio de 2005 en su barrio, en Canning.
“Nos conocimos en una marcha y quedamos en tomar un café. Empezamos a charlar y coincidimos en que teníamos que hacer algo para mejorar la atención a las víctimas. Y qué mejor que otra víctima para poder asistirlos. No queríamos que nadie más pasara lo que pasamos nosotros. En 2008 empezamos a funcionar, aunque recién el año pasado esto fue institucionalizado”, recuerda Miralles, que se especializó en Derecho Penal tras su tragedia.
Actualmente, los trece integrantes se juntan una vez por semana. Cada uno viaja por su cuenta desde distintos puntos del país y paga sus viáticos. Uno de los casos emblema es el de Leónidas Mateu, padre de Mara Sofía (16), quien fue violada y asesinada el 24 de marzo de 2008 en la Costa. El hombre vive en Santa Teresita y viaja especialmente para participar de las reuniones.
“Cuando se te muere alguien de una manera tan violenta sentís que el mundo se te acaba. Te arruinan la vida a vos y a tu familia. Necesitás ayuda, te podés quedar sin trabajo, sin nada. Precisás ayuda psicológica y hasta educativa”, cuenta entre lágrimas Viviana Ayala, hermana de Alex, un peluquero de 31 años que en 2012 fue asesinado por motochorros, en Lanús.
En la provincia de Buenos Aires hay 14 Centros de Protección de las Víctimas (CPV), encargados de brindar asistencia social, psicológica y jurídica a quien lo necesite. La situación varía en cada municipio, pero la mayoría funciona mal.
“Muchas veces nos vienen a ver víctimas porque concurrieron al CPV que les corresponde y no les dieron soluciones. La mayoría de las veces no tienen abogados o para poder recibir ayuda psicológica tienen que esperar meses. Nosotros los escuchamos, pero no podemos hacer nada porque no tenemos poder”, señala, indignado, uno de los integrantes del Consejo Asesor.
Actualmente existen convenios del CPV con colegios de abogados para que atiendan a las familias de las víctimas de forma gratuita. “Pero nosotros queremos que sea una ley para poder equiparar la balanza. Así como un delincuente tiene derecho a un abogado, una víctima también debe tenerlo”, se explaya Miralles con mucha seguridad, vestido de traje azul y camisa blanca.
Por eso, para poder ayudar mejor a las víctimas, el Consejo Asesor quiere dejar de depender del CPV y tener autonomía propia.
“Nosotros no militamos en ningún partido. No somos una ONG, queremos estar dentro del Estado para poder hacer respetar los derechos de las víctimas. Queremos ser los ‘sindicalistas’ de las víctimas”, agrega Miralles.
Almeida sostiene que el Consejo Asesor tiene que ser manejado por alguien idóneo y no político. “Tenemos personal profesional para manejarlo. Queremos que esto sea prioridad en política de Estado. Por eso pedimos una audiencia con María Eugenia Vidal (gobernadora electa) para presentar nuestros proyectos de reparación integral. Así también estamos previniendo una víctima a futuro”, apunta.
Viviana Ayala habla muy tranquila pero cuando recuerda a su hermano su voz se corta y sus ojos celestes se llenan de lágrimas. Asegura que a cualquier familia que sufre un hecho trágico como el que le ocurrió a la suya se le modifica la vida. “Por eso hay que tener equipos para ayudar a esa familia que lo necesita, para que pueda hacer una nueva vida, más allá de la asistencia inmediata que se les da. Nosotros estamos capacitados para eso”, resalta.
Cuando habla, Ramona Ruiz Díaz desborda entusiasmo por lo que hace. Durante la charla repite una y otra vez que quiere ayudar. “Uno quiere ser útil y usar esta experiencia trágica de vida que nos tocó vivir a cada uno de nosotros para ayudar. Nosotros transformamos el dolor en acción”, cuenta.
Durante la más de dos horas de entrevista, los integrantes del Consejo se muestran muy unidos. Uno sale a comprar café y facturas para la charla, todo de su bolsillo. Mientras el fotógrafo de Clarín los retrata se sonríen entre ellos.
“La principal deuda de esta gestión (la de Daniel Scioli) con nosotros es aprobar la ley de Asistencia y Protección e Inclusión de Víctimas. Así, entre otras cosas, se permitiría que se hiciera efectiva la defensoría oficial de la víctima. De esa manera el equilibrio entre los derechos de los delincuentes y los de las víctimas sería más parejo. Esperemos que esta nueva gestión la ponga en marcha”, coinciden.
Son los integrantes del Consejo Asesor del Centro de Protección de los Derechos de la Víctima (CPV). Clarín se reunió con ellos en una oficina de la Casa de la Provincia de Buenos Aires, en el barrio porteño de Congreso, adonde el Ministerio de Justicia bonaerense les presta un espacio para sus reuniones, sus charlas y cursos. Desde allí dan un mensaje de solidaridad y amor.
El Consejo fue fundado por la psicóloga social Ramona Ruiz Díaz, madre de Leandro Bazán (12), víctima de un caso de “gatillo fácil”; por el empresario Roberto Almeida, esposo de Ana María Domínguez, asesinada por su ex en Luján el 10 de abril de 2000; y por el abogado Walter Miralles, padre de Santiago Tomás (6), secuestrado y asesinado el 13 de julio de 2005 en su barrio, en Canning.
“Nos conocimos en una marcha y quedamos en tomar un café. Empezamos a charlar y coincidimos en que teníamos que hacer algo para mejorar la atención a las víctimas. Y qué mejor que otra víctima para poder asistirlos. No queríamos que nadie más pasara lo que pasamos nosotros. En 2008 empezamos a funcionar, aunque recién el año pasado esto fue institucionalizado”, recuerda Miralles, que se especializó en Derecho Penal tras su tragedia.
Actualmente, los trece integrantes se juntan una vez por semana. Cada uno viaja por su cuenta desde distintos puntos del país y paga sus viáticos. Uno de los casos emblema es el de Leónidas Mateu, padre de Mara Sofía (16), quien fue violada y asesinada el 24 de marzo de 2008 en la Costa. El hombre vive en Santa Teresita y viaja especialmente para participar de las reuniones.
“Cuando se te muere alguien de una manera tan violenta sentís que el mundo se te acaba. Te arruinan la vida a vos y a tu familia. Necesitás ayuda, te podés quedar sin trabajo, sin nada. Precisás ayuda psicológica y hasta educativa”, cuenta entre lágrimas Viviana Ayala, hermana de Alex, un peluquero de 31 años que en 2012 fue asesinado por motochorros, en Lanús.
En la provincia de Buenos Aires hay 14 Centros de Protección de las Víctimas (CPV), encargados de brindar asistencia social, psicológica y jurídica a quien lo necesite. La situación varía en cada municipio, pero la mayoría funciona mal.
“Muchas veces nos vienen a ver víctimas porque concurrieron al CPV que les corresponde y no les dieron soluciones. La mayoría de las veces no tienen abogados o para poder recibir ayuda psicológica tienen que esperar meses. Nosotros los escuchamos, pero no podemos hacer nada porque no tenemos poder”, señala, indignado, uno de los integrantes del Consejo Asesor.
Actualmente existen convenios del CPV con colegios de abogados para que atiendan a las familias de las víctimas de forma gratuita. “Pero nosotros queremos que sea una ley para poder equiparar la balanza. Así como un delincuente tiene derecho a un abogado, una víctima también debe tenerlo”, se explaya Miralles con mucha seguridad, vestido de traje azul y camisa blanca.
Por eso, para poder ayudar mejor a las víctimas, el Consejo Asesor quiere dejar de depender del CPV y tener autonomía propia.
“Nosotros no militamos en ningún partido. No somos una ONG, queremos estar dentro del Estado para poder hacer respetar los derechos de las víctimas. Queremos ser los ‘sindicalistas’ de las víctimas”, agrega Miralles.
Almeida sostiene que el Consejo Asesor tiene que ser manejado por alguien idóneo y no político. “Tenemos personal profesional para manejarlo. Queremos que esto sea prioridad en política de Estado. Por eso pedimos una audiencia con María Eugenia Vidal (gobernadora electa) para presentar nuestros proyectos de reparación integral. Así también estamos previniendo una víctima a futuro”, apunta.
Viviana Ayala habla muy tranquila pero cuando recuerda a su hermano su voz se corta y sus ojos celestes se llenan de lágrimas. Asegura que a cualquier familia que sufre un hecho trágico como el que le ocurrió a la suya se le modifica la vida. “Por eso hay que tener equipos para ayudar a esa familia que lo necesita, para que pueda hacer una nueva vida, más allá de la asistencia inmediata que se les da. Nosotros estamos capacitados para eso”, resalta.
Cuando habla, Ramona Ruiz Díaz desborda entusiasmo por lo que hace. Durante la charla repite una y otra vez que quiere ayudar. “Uno quiere ser útil y usar esta experiencia trágica de vida que nos tocó vivir a cada uno de nosotros para ayudar. Nosotros transformamos el dolor en acción”, cuenta.
Durante la más de dos horas de entrevista, los integrantes del Consejo se muestran muy unidos. Uno sale a comprar café y facturas para la charla, todo de su bolsillo. Mientras el fotógrafo de Clarín los retrata se sonríen entre ellos.
“La principal deuda de esta gestión (la de Daniel Scioli) con nosotros es aprobar la ley de Asistencia y Protección e Inclusión de Víctimas. Así, entre otras cosas, se permitiría que se hiciera efectiva la defensoría oficial de la víctima. De esa manera el equilibrio entre los derechos de los delincuentes y los de las víctimas sería más parejo. Esperemos que esta nueva gestión la ponga en marcha”, coinciden.
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